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lunes, 8 de junio de 2009

Desplaza el ejército a las autoridades civiles en la amazonia peruana Bagua - Perú

Desplaza el ejército a las autoridades
civiles en la amazonia peruana
Bagua - Perú


El ejército peruano estableció hoy el toque de queda en las provincias amazónicas de Bagua y Utcubamba, luego de los fuertes enfrentamientos que se desataron desde el viernes y que prosiguieron hoy entre fuerzas de la policía e indígenas con un saldo que aumentó a unos 50 muertos, 155 heridos y 150 detenidos entre los manifestantes.

La muerte hoy de nueve uniformados tomados como rehenes por indígenas en una estación petrolera, aumentó a 31 la cifra de fallecidos en 24 horas de violencia en la amazonia peruana, provocada por un operativo para desbloquear una carretera que tomaron los indígenas. Sin embargo, tanto el gobierno como los nativos, y la prensa, manejaban sus propias cifras arrojadas por estos disturbios.

“De los 38 policías tomados como rehenes en la estación petrolera, hoy 22 de ellos han sido recuperados vivos por el ejército, nueve fallecieron a manos de los nativos y hay siete desaparecidos”, dijo el general Miguel Hidalgo, jefe del estado mayor de la Policía Nacional, al anunciar el desenlace de una acción de rescate de los retenidos 12 horas antes.

El general del ejército Raúl Silva, jefe de la sexta brigada de la selva peruana, con sede en Bagua, quien asumió la autoridad civil en la zona en conflicto, indicó que los cuerpos de los policías muertos están siendo recuperados por soldados en el monte. Sin embargo, los militares no precisaron si tras el operativo castrense había indígenas muertos.

Los policías muertos este sábado elevaron a 22 la cantidad de uniformados caídos desde que estalló la violencia el viernes en la mañana, según declaraciones del primer ministro Yehude Simón, quien también señaló la muerte de nueve civiles, y advirtió que podría haber más fallecidos.

“Oficialmente hay nueve nativos muertos, no digo que no puede haber más, pero la fiscalía y los centros de salud nos irán informando”, dijo en rueda de prensa.

Versiones extraoficiales y de prensa estiman en 15 el total de civiles muertos, en todos los hospitales de la zona. Los medios locales hablan hasta de 25 muertos civiles, pero los líderes de las etnias en protesta afirman que son más de 30 los fallecidos y que muchos de ellos permanecen en los cerros porque los militares les han impedido acudir a recogerlos.

El jefe militar instó a la población a la calma y a respetar un toque de queda en las localidades de Bagua, Bagua Grande y Jaén, que rige por tiempo indefinido desde las tres de la tarde de hoy a las seis de la mañana de este domingo.

Bagua, epicentro de las protestas, amaneció este sábado militarizada y bajo tensa calma tras la violencia registrada ayer, cuando la población quemó y asaltó ocho locales públicos.

La violencia también se replicó en las cercanas poblaciones de Bagua Grande y Jaén, objeto de incendios, saqueos y tiroteos durante la tarde del viernes.

La carretera desbloqueada por la policía –en la acción que desencadenó 24 horas de intensa violencia– ya se encuentra con el tránsito vehicular restablecido entre la selva y el norte del país. Esa carretera había sido tomada hace 10 días por unos 2 mil 500 nativos, como parte de una serie de protestas de las 65 etnias amazónicas.

Los indígenas están en pie de lucha desde comienzos de abril en reclamo de que el gobierno derogue decretos que consideran ponen en peligro sus territorios y su supervivencia y buscan la explotación de hidrocarburos en la región sin su consentimiento, en beneficio de las trasnacionales extranjeras y acorde con una política gubernamental de apertura la inversión foránea y un tratado de libre comercio.

“Siguen las protestas hasta que se atiendan las demandas”, afirmó Champion Nonimgo, que dijo hablar en representación de un comando nacional indígena activado desde que su principal líder en esta movilización, Alberto Pizango, pasó a la clandestinidad luego de los primeros choques de la víspera, contra quien la justicia emitió una orden de captura acusado de sedición, conspiración y rebelión.

Nonimgo denunció que son más de 30 los nativos fallecidos y que hay unos 150 de sus compañeros detenidos en una base militar.

Las autoridades peruanas dijeron desconocer el paradero de Pizango, a quien señalan como el principal responsable de los sucesos violentos del viernes en el departamento de Amazonas.

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, dijo no tener informes sobre las versiones de prensa de que el líder huyó a Bolivia presumiblemente para pedir asilo.

En tanto, Bolivia dijo no saber nada de un eventual ingreso de Pizango a su territorio. Pero la ministra boliviana de Justicia, Celima Torrico, al condenar la muerte de los indígenas peruanos dijo que “ha ocurrido este hecho sangriento por no atender el pedido de las etnias; siempre ha sucedido esto, no nos olvidemos lo que pasó aquí en Bolivia con los gobiernos de la derecha”.

El presidente peruano, Alan García, quien rindió un homenaje a la veintena de policías que murieron durante los enfrentamientos con indígenas, denunció que fue una “agresión irresponsable, de salvajismo y barbarie”, con “métodos idénticos a los empleados por (la guerrilla de) Sendero Luminoso: se procedió a degollar y herir con lanzas a humildes policías rendidos y sin armas”.

Afirmó que Perú “está sufriendo una agresión subversiva contra la democracia y la Policía Nacional. Frente a ella necesitamos responder con serenidad y con firmeza”. Agregó que los hechos de violencia “son parte de un complot contra la democracia” que podría haber contado con apoyo externo, aunque sin dar detalles.

Pero, aseveró el mandatario, “es una conspiración cuidadosamente preparada contra Perú, una conspiración que ha interrumpido la producción y el transporte de petróleo, el envío de gas hacia las ciudades de la costa y para la cual se habló de insurgencia y levantamiento en las últimas semanas”.

La ministra Cabanillas, por su parte, aseguró que se ha comprobado la existencia de un complot para desestabilizar la democracia peruana, como ocurrió en Ecuador en enero de 2000 con el presidente Jamil Mahuad, y en Bolivia en octubre de 2003 con Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando en sendas revueltas populares fueron expulsados del poder.

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